Al menos una cuarta parte de la superficie terrestre mundial es tradicionalmente propiedad, administrada, utilizada u ocupada por pueblos indígenas. Estas áreas incluyen aproximadamente el 35% del área que está protegida formalmente, y aproximadamente el 35% de todas las áreas terrestres restantes con intervención humana muy baja.
La naturaleza administrada por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales se encuentra bajo una presión cada vez mayor, pero en general está disminuyendo menos rápidamente que en otras tierras, aunque el 72% de los indicadores locales desarrollados y utilizados por los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales muestran el deterioro de la naturaleza que sustenta los medios de vida locales.
Las áreas del mundo proyectadas para experimentar efectos negativos significativos de los cambios globales en el clima, la biodiversidad, las funciones del ecosistema y las contribuciones de la naturaleza a las personas también son áreas en las que residen grandes concentraciones de Pueblos Indígenas y muchas de las comunidades más pobres del mundo.
Los escenarios regionales y globales actualmente carecen y se beneficiarían de una consideración explícita de las opiniones, perspectivas y derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, su conocimiento y comprensión de las grandes regiones y ecosistemas, y sus vías de desarrollo futuras deseadas. El reconocimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas, las instituciones y los valores de los pueblos indígenas y las comunidades locales y su inclusión y participación en la gobernanza ambiental a menudo mejora su calidad de vida, así como la conservación de la naturaleza, la restauración y el uso sostenible. Sus contribuciones positivas a la sostenibilidad pueden facilitarse mediante el reconocimiento nacional de la tenencia de la tierra, el acceso y los derechos a los recursos de conformidad con la legislación nacional, la aplicación del consentimiento libre, previo e informado y la mejora de la colaboración, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso. y acuerdos de cogestión con las comunidades locales.
